El alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera, manifestó que el Partido Andalucista "va a echar toda la carne en el asador" para que la Junta de Andalucía dé marcha atrás en la ampliación del casco histórico, en Pleno Extraordinario en el que todos los grupos apoyaron recurso de reposición y cuantas acciones jurídicas se desencadenen contra esta decisión. "Si no nos han querido escuchar por las buenas, tendrá que ser por las malas, no sé si será con encierros, huelgas de hambre si hace falta o manifestaciones", declaró después de que el portavoz del Grupo Popular, Jorge Vega, llamara a la "rebelión" al pueblo de Marchena. La oposición mostró "apoyo rotundo" a cuantas medidas se adopten.
El Pleno Extraordinario celebrado anoche en el Ayuntamiento de Marchena, ha demostrado que en algo ha tenido que fallar la Junta de Andalucía, más bien digamos en mucho, para lograr poner de acuerdo en un tema del calado de la ampliación del casco histórico, a los cuatro portavoces de nuestro Pleno, además de forma clara y rotunda según se pudo desprender de las manifestaciones de muchos de ellos y a pesar de que también quedó en evidencia que el equipo de Gobierno se centró en sus alegaciones en lo procesal más que en lo técnico, aunque ha sido tan grande la desproporción del caso, como bien afirmó el portavoz del Grupo Municipal de IU, que esta cuestión quedó en mera anécdota a lo largo del Pleno.
Recuerden que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó definitivamente este 2 de marzo la ampliación de 18 a 81 hectáreas del casco histórico y fuepublicado el Decreto en Boja el pasado viernes 5 de marzo, con Declaración Institucional del alcalde de Marchena por medio criticando de forma tajante la medida.
El propio alcalde expuso una serie de diapositivas en las que desarrolló los puntos de la citada Declaración previa lectura de la moción en la que, en resumen, el Pleno solicitará la revocación de esa decisión mediante recurso de reposición. Si éste se desestima en un mes, se interpondrá recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Este Pleno y estas medidas que se acordaron se producen porque "se han agotado ya todas las vías administrativas y estamos convencidos de que se lesionan gravemente los intereses generales del pueblo de Marchena", indicó el alcalde, que especificó que las Normas Subsidiarias Municipales ya controlan la edificación en el Conjunto Histórico y arrabales para que "no se haga cualquier tipo de construcción" y que también resaltó que "no tiene sentido" que la Junta siga adelante tras "el acuerdo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Marchena y de Diputación" en sentido contrario.
Con ello, las restricciones de demolición, edificación, parcelación, estarían limitadas al tener que contar las licencias con autorización expresa de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, lo cual es ilógico desde el punto de vista de la protección histórica al "ser el 99 por ciento de las construcciones de los últimos 50 años y muchas de ellas construidas en los últimos diez año", tal y como se expuso en diferentes planos. "Hay más de 3.000 inmuebles en esa situación, realmente ¿hay muchos que merezcan protección especial?".
A raíz de ahí puso una serie de ejemplos prácticos como la indivisibilidad de un inmueble de 500 metros cuadrados o la imposibilidad de vender una parte del mismo o de dividir la herencia del mismo entre hermanos, la imposibilidad de edificar en inmuebles de 200 metros cuadrados con 100 de un viejo corral "salvo excepcionalidades que quedarían en manos de la Junta de Andalucía". De esta forma, "mucha gente se tendrá que ir a vivir en las afueras, salvo quienes se puedan permitir vivir en el centro, esto será la ruina para muchas familias y marcará para siempre el futuro de Marchena", manifestó Rodríguez Aguilera.
El portavoz de IU, Francisco Rey, aportó una interesante "incongruencia" que percibió en el proceso, que se ha iniciado como modificación de la delimitación del casco histórico por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que en su exposición de motivos del Decreto final del 2 de marzo "no reconoce la ampliación, sino que se refiere a una concreción de una zona de respeto que existía en la delimitación de 1966 y que antes no existía en zona de protección y ahora sí".
Esta circunstancia produce "indefensión" en los marcheneros ya que se ha estado recurriendo una modificación y ampliación durante un año y medio y ahora la Junta "resuelve en sentido diferente, ¿a qué juega? ¿hemos estado 45 años entonces incumpliendo normas y ahora hay que revisar miles de licencias? Es un despropósito total y perjudicial para el pueblo de Marchena y ahora estamos todos en el mismo carro", señaló Rey.
El portavoz de IU, no obstante, apuntó que las alegaciones que presentó el pasado año el Ayuntamiento "no fueron muy afortunadas, ya que se basan en vicios procedimentales, que si un informe está caduco, pone en entredicho la competencia de la Delegación provincial de Cultura, y teniendo un buen estudio técnico se podrían haber afianzado las alegaciones por ahí".
El portavoz del Grupo Socialista, Juan Antonio Zambrano, expresó su "rechazo enérgico a esta medida desproporcionada" de la Junta de Andalucía, "como ya también hicimos en el pleno del día de Andalucía", destacando que el PSOE de Marchena ha enviado cartas a la secretaría provincial del partido en Sevilla y a la Delegación Provincial y Consejería de Cultura expresando dicho rechazo: "Podéis contar con el Grupo Socialista en todo", si bien confió en que "queremos confiar más en el consenso y el diálogo que en una línea de enfrentamiento entre instituciones. Decimos No rotundo a la ampliación del casco histórico y apoyaremos las acciones administrativas y ante el Contencioso. Lo importante son los intereses generales de Marchena ante esta medida poco acorde con la realidad histórica" del municipio, afirmó Zambrano.
El portavoz del Grupo Popular, Jorge Vega, inició su intervencion asegurando que la decisión de la Junta de Andalucía de ampliar el casco histórico "carece de fundamentos jurídicos, técnicos, legales, históricos, ni de ninguna clase", lo que constituye "un atentado contra el patrimonio de las familias de Marchena", poniendo otro ejemplo de inivisibilidad de una casa de 400 metros cuadrados, denunciando además "el robo de competencias al Ayuntamiento de Marchena" y las "dificultades para poner en marcha cualquier proyecto urbanístico" que se están teniendo desde que se incoó el procedimiento en septiembre de 2008. "Esa autonomía se la ha quedado el PSOE de Andalucía para él a su cuenta y riesgo por la simple voluntad de un técnico o de un político que está sentado en su despacho. La ley es injusta" señaló, estimando conveniente que para la aplicación desde hace año y medio de la citada ampliación a todos los efectos, la Junta debería haber demostrado que Marchena está mal protegida y "entonces poner los procedimientos legales que procedieran".
Vega, que hizo hincapié en la dependencia de la economía del sector de la construcción; ferrallistas, empresas de materiales de construcción, fontaneros, electricistas...manifestó que propuso como contraprestación si se llevaba a cabo esta ampliación "proyectos que beneficiaran a Marchena, pero la respuesta fue reñirme" desde la Junta de Andalucía. "Yo pensaba que ofrecerían cosas fantásticas a Marchena como que fuera escenario de grandes superproducciones o cambiar el modelo hacia el sector turístico", había señalado previamente. "Aquí el despropósito viene desde el primer día al que alguien se le ocurrió esa idea" de ampliar el conjunto histórico, que "ya su concejal de Urbanismo había vendido en 2003".
El portavoz popular cerró esta su primera intervención con que "no se ha podido estar más cerrado al diálogo, a la negociación y haber puesto más zancadillas que en la delegación provincial de Cultura, y desde e Ayuntamiento no se ha podido ser más paciente ni más prudente, lo cual ha podido ser considerado como una posición de debilidad nuestra, pero desde la Consejería de Cultura se ha traspasado una línea muy peligrosa, la de la dignidad de un pueblo, y el que la ha traspasado tiene que apechugar con ello, y esto no es más que la parte más visible de las mil y una zancadillas que venimos sufriendo. Si nos llaman a la rebelión, aquí nos van a encontrar, el PP y el PA van a movilizar a su gente, espero que ahí sí que estemos todos y a ver qué parte del discurso es verdad y cuál es de cara a la galería, se han acabado las condescendencias, aquí solo cabe rebelión y denuncia; ante hechos concluyentes, queda la denuncia pública y la actuación".
El alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera, justificó el centrarse en lo procesal en las alegaciones en que este factor "tienen mucho peso en el fallo de un juez" y en que el informe inicial en el que se basa la ampliación data de 2003, habiendo existido una nueva ley de Patrimonio en 2007.
Rodríguez Aguilera expuso que el delegado de Cultura mantuvo una reunión con el alcalde "seis meses después de pedírsela y tras habernos prometido en 15 días" la citada reunión una vez que el Ayuntamiento había presentado las alegaciones y con la respuesta de "desestimarlas y que vayamos a la vía jurídica". Respecto a las cartas enviadas por el Ayuntamiento al Defensor del Pueblo, presidente de la Junta de Andalucía, mediación con la Delegación del Gobierno...y los acuerdos unánimes tomados en Pleno municipal y de Diputación, manifestó que la decisión de la Junta de Andalucía de continuar adelante es "una forma de no querer escuchar la voluntad de un pueblo que no se puede permitir, si no nos han querido escuchar por las buenas, pues nos tendrán que escuchar por las malas, esto no nos hace daño sólo a este equipo de Gobierno, esto hace daño para mucho tiempo".
Añadió el alcalde que "es de vergüenza que la motivación de la ampliación recoja la calle San Juan, la casa del Escudo, la calle San Francisco, la Iglesia de San Juan, la de Santa María, la de San Agustín, que ya están protegidas y llevamos un año y medio con Santa María cerrada y con San Agustín como está, y eso sí que son joyas, y para eso sí que no hay un céntimo para arreglarlos.
Sobre las movilizaciones a desarrollar se mostró contundente: "El PA va a poner toda la carne en el asador para tumbar la decisión, y espero que los demás grupos vayan en la misma línea, si estamos todos unidos la Junta dará marcha atrás; si tiene que ser un encierro será un encierro, o manifestaciones, o una huelga de hambre, pero que estemos todos, yo no quiero llegar a los tribunales, pero sí se llega, pediremos que siga sin efecto porque además del año y medio que llevamos con esto, la situación no está para esperar otros dos o tres años".
El portavoz de IU, Francisco Rey, se ratificó en lo desafortunado de las alegaciones municipales, aunque dejó claro que "la lucha no es algo que nos resulte ajeno, estamos acostumbrados y no vamos a tener problemas en afrontar lo que haga falta, que no quepa la menor duda de que estaremos abanderando la lucha".
Había declarado el alcalde que "si mi partido estuviese en la Junta, no hace esto al Pueblo de Marchena, y que si lo hace, deja de ser mi partido", en claro dardo al portavoz del Grupo Socialista Juan Antonio Zambrano: "A nosotros no nos gusta retirarnos, nos gusta seguir y arrimar el hombro, luchar, en todas las medidas va a tener al PSOE de Marchena".
Eso sí, el portavoz socialista precisó que en las alegaciones del Ayuntamiento al casco histórico "no dice que va a ampliar el catálogo de edificios a proteger, sólo pide la nulidad de la ampliación, no venía con ánimo de entrar en este tema, nosotros nos ofrecemos en las alegaciones y estamos para ayudarle, pero hombre no estamos aquí para que te metan el dedo en el ojo. La Junta ha cometido un error como usted ha cometido muchos en el Ayuntamiento de Marchena. Yo sigo diciendo que cuanto más mejor y repito que desde la Ejecutiva Local del PSOE hemos enviado varios escritos de rechazo enérgico a la secretaría provincial del PSOE, a la delegación de Cultura y a la Consejería".
Respecto a los casos de Santa María y San Agustín, Zambrano propuso que se impulsen comisiones prorestauración para que "se vea un impulso y un movimiento social que ha hecho que en otros pueblos se rehabiliten monumentos" y que se informe de convenios en los que la Junta y el Arzobispado aportan el 50 por ciento a partes iguales, cuestión que el alcalde matizó posteriormente indicando que en algunos de estos convenios se le solicita el 30 por ciento al Ayuntamiento.
El portavoz del Grupo Popular, Jorge Vega, manifestó que "nos alegra mucho su disponibilidad y participación" y reiteró que el Ayuntamiento se ha alejado de la confrontación contando un caso en que el delegado de Cultura "teniendo cita para reunirnos con el objeto de llegar a un consenso político, nos mandó a un técnico a negociar el tema político y a decirnos esta calle sí, esta calle no, ¿eso es allanar el camino y buscar soluciones? Aquí hay muchos errores y el delegado de Cultura lo llevará en su conciencia, ¿esto lo ha hecho por sectario, por buena fe, por hacer daño al pueblo de Marchena?”
Vega expuso que el Gabinete Jurídico que ha contratado el Ayuntamiento de Marchena, “uno de los más prestigiosos de Andalucía”, reflejó en sus conclusiones casos de “ánimo de obstrucción a las alegaciones, lo que contraviene los principios de colaboración entre administraciones”, señalando cómo le entregaron copia de un documento técnico con obligación de devolverla o le denegaron al Ayuntamiento el informe de 2003 base de la ampliación, afirmó el portavoz del Grupo Popular, que concluyó que la Junta “tenía predeterminado rechazar las alegaciones”.
“Los marcheneros han defendido siempre muy bien su Patrimonio Histórico, como se hizo en el año 95 con la inclusión de las Normas Subsidiarias para cuidar el casco histórico, todo hay que decirlo, impulsado por el Ayuntamiento de Marchena y con el apoyo leal de la Junta de Andalucía, no como ahora, ¡cuántas personas se han quedado paradas por este error, estamos seguros de que en otras consejerías de la Junta de Andalucía hay personas más demócratas, más honestas y responsables, pero vaya tela amigo mío con quien tenemos que bregar en algunos casos! Hay que pasar a la acción, han traspasado todas las líneas rojas, si no, harán con nosotros lo que les dé la gana”.
El alcalde concluyó con “la clara voluntad de hacer daño” que ha tenido esta decisión en base también a que “el estudio del Ayuntamiento ha sido infinitamente más exhaustivo que el de la propia Consejería de Cultura”, por lo que por todo ello también agradeció a los grupos políticos el apoyo y pidió que el mensaje en contra de esta decisión sea “claro, alto, unánime y nítido, las medidas que tenemos que tomar van a ser fuertes, de nada sirve concentrarse a las puertas del Ayuntamiento, así la Junta no dará su brazo a torcer”.
