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Urbanismo

El alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera, ha expuesto hoy las conclusiones que se derivan sobre la ampliación del casco histórico, sobre la base de un estudio realizado para el Consistorio por María del Mar Casillas y el catedrático en Arquitectura de la Universidad de Sevilla Luis Recuenco y a partir del cual se han realizado las alegaciones a la ampliación del casco histórico de Marchena, dictado por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía a final de año pasado.


El asunto en cuestión, que provocó una manifestación de cientos de constructores en la pasada primavera, sigue su curso con la presentación de estas alegaciones el 24 de abril por parte del equipo de Gobierno: “Se acordó respuesta con la Delegación de Cultura (Junta) en 20 días pero aún no la hemos recibido”, indico Rodríguez Aguilera, que espera “entendimiento entre todas las partes, debatiendo las propuestas de técnicos de la Delegación Provincial, de la Junta y del Ayuntamiento”.

Jurídicamente, el alcalde de nuestra localidad indica que la tramitación del expediente para la ampliación del casco histórico “no se ha seguido correctamente, no debería haber prosperado porque no están todos los informes que un expediente de este tipo requiere, urbanístico ni medioambiental, además los plazos han debido caducar, se comenzó en abril de 2003 y se concluyó en septiembre de 2008, cuando hay establecidos 6 meses” para la realización de una ampliación de casco histórico.

Como ya conocen, la ampliación del casco histórico hace que aproximadamente el 80 por ciento de las edificaciones de nuestra localidad se cataloguen como protegidas, ya que incluye, además de San Juan, los barrios de San Miguel y San Sebastián. “Los técnicos concluyen que la figura de la ampliación del casco histórico no es adecuada cuando se quiere proteger integralmente un territorio o zona, no tiene sentido incluir a todo un pueblo”.

El alcalde ha insistido en que no se puede considerar ampliación del casco histórico la actuación de la Junta de Andalucía porque “las viviendas de ambos barrios históricamente son de nueva construcción, no tienen más de 50-60 años, no tiene sentido impedir en estas viviendas segregaciones ni parcelaciones”, lo que ha obstaculizado la actividad constructora en el último año en estas zonas según los propios constructores han venido manifestando.

El primer edil de nuestra localidad concluyó que la respuesta de la Junta de Andalucía aún no llega, debido a que “este enorme estudio muy bien trabajado realizado por el Ayuntamiento les ha pillado de sorpresa y han debido replantearse muchas cuestiones”. Rodríguez Aguilera apostilló que en Marchena “se ha sido tan respetuoso siguiendo una forma de construir adecuada que ha podido llevar a engaño a algunas personas que hayan interpretado que es necesario y merece la pena proteger una zona tan amplia”, a la vez que abogó por la protección de determinados inmuebles o entornos históricos o de las Iglesias de forma aislada y mediante su inclusión en los catálogos oficiales de elementos protegidos.

 

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