El Ayuntamiento de Marchena aprobó en Pleno por unanimidad aplicar la normativa de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, y desarrollará en los próximos meses el proceso de concreción de las bases de un nuevo Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, en el que las personas que deseen adquirir una vivienda de estas características, tendrán que estar imprescindiblemente inscritas, si no, no podrán optar a ella. "Los criterios de selección los fijará exclusivamente el Ayuntamiento conforme a las pautas geneales de la administración autonómica tanto si las viviendas son públicas como si pertenecen a promociones privadas", afirmó el alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera, que informó de que los pisos de la Avenida y los de la cárcel son las zonas elegidas para acogerse al Plan Municipal de Infravivienda, también conforme a los requisitos del Plan andaluz.
Rodríguez Aguilera aseguró que de esta forma se producirá un reparto "más justo", mientras que Juan Antonio Zambrano, portavoz del Grupo Socialista, precisó que "cada persona puede realizar una sola petición, bien a título individual o como miembro de la unidad familiar" que se pueda beneficiar de la solicitud, pero nunca dos o más por separado.
Por último, el equipo de Gobierno anunció que estudiará flexibilizar los requisitos para poder adquirir vivienda, ya que en las últimas promociones, el hecho de estar uno de los cinco últimos años empadronados fuera de Marchena había llegado a evitar que varias familias tuvieran derecho a acceder a una vivienda protegida, plazo que se pretende ampliar, pero siempre "evitando que haya personas que se inscriban en Marchena sólo para acceder a una vivienda protegida e impidan que se beneficien quienes realmente viven en Marchena", matizó el alcalde.
Por otra parte, durante el Pleno Extraordinario del lunes y previamente al debate de Presupuestos, se aprobaron los pisos de la cárcel y los de la parte baja de la Avenida como zonas que se incluirán en el Plan Municipal de Infravivienda, también impulsado en todos los Ayuntamientos por la Junta de Andalucía y a través de los cuales según el tipo de desperfectos que presenten, los habitantes de estas viviendas tendrán derecho a ayudas para reformas que pueden alcanzar un máximo de 30.000 euros. Los criterios elegidos por el equipo de Gobierno y apoyados por la oposición para determinar estas zonas, han sido la antigüedad de la constrrucción de las viviendas y la renta media de estas zonas.
