Cuando se cumple el 50 aniversario de la primera celebración de esta efemérides a nivel mundial los ecologistas marcheneros han desarrollado una charla coloquio con "el agua que no tenemos; hacia una transición hídrica justa" como tema de debate, a pesar de que el lema proclamado por la ONU para este año ha sido ‘Sin contaminación por los plásticos’. Antonio Amarillo, Coordinador del Área del Agua de Ecologistas en Acción Andalucía aseguró que "según el Plan de Emergencia de ARECIAR, que me ha llegado a través de un concejal de Arahal, ya estamos en dicha situación de emergencia, sin que por el momento se estén tomando medidas ni se esté informando a la opinión pública, lo que demuestra que en período electoral nadie quiere tomar medidas impopulares".
Antonio Amarillo, que fue presentado por Antonio Mérida, puso de relieve, con una gran profusión de datos, la gestión y planificación del agua en las cuencas hidrográficas andaluzas y dio a conocer el Plan Hidrológico aprobado el pasado mes de febrero que estará vigente hasta 2027. Como dato significativo subrayó que el 87% de los recursos se dedican a uso agrario, mientras que el consumo para abastecimiento supone entre un 8 y 10 por ciento.
Refiriéndose al uso urbano del agua, cifró las pérdidas por fuga en un 15%, "llegando incluso a un 50% en municipios pequeños, como el caso de la Sierra Sur y la Sierra Norte de Sevilla, que ya están sufriendo restricciones al no estar conectados a un gran embalse y abastecerse sólo de agua subterránea". Para Amarillo, "no debemos, por tanto, centrarnos sólo en el uso económico del agua, sino también en el uso urbano, promoviendo campañas de ahorro e instalación de desaladoras, entre otras medidas".
En cuanto al uso agrario, se lamentó del importante incremento de la superficie de regadío en la Cuenca del Guadalquivir, pasando de 600.000 has. en 1997 a las actuales 890.000, con una previsión que supera las 927.000 has. para 2027. El coordinador del Agua de Ecologistas Andalucía cifró en un 50% las tierras de regadío dedicadas al olivar, "un cultivo típico de secano, que se está transformando en variedades intensivas", y un gran porcentaje dedicadas a almendros, pistachos y fresas, entre otros.
Para Antonio Amarillo, "la construcción de más embalses o los trasvases no van a acabar con el problema, y la modernización de regadíos no sólo no ahorra agua, sino que incrementa su consumo". En este punto diferenció la sequía, fenómeno natural que se da cada cierto tiempo, de la escasez, que definió como "la imposibilidad de atender la demanda con los recursos disponibles", para concluir que "no tenemos sequía, tenemos escasez". En este sentido, aseguró que "todos los municipios de más de 10.000 habitantes deben tener aprobado un Plan de Emergencia por sequía, que debería ser debatido por la sociedad civil y comunicado a la población, y en el caso de ARECIAR, según su Plan de Emergencia que me ha llegado a través de un concejal de Arahal, ya estamos en dicha situación de emergencia, sin que por el momento se estén tomando medidas ni se esté informando a la opinión pública, lo que demuestra que en período electoral nadie quiere tomar medidas impopulares".
Como conclusión, Antonio Amarillo, afirmó que "desde la Mesa Social del Agua, integrada por UGT, CCOO, COAG, UPA, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA, apostamos por otro modelo de agricultura, ecológica y familiar, frente a la de los grandes fondos inversores, defendemos el decálogo social del agua y apostamos por una nueva cultura del agua".
En el posterior debate, tras comentar el aplazamiento de la visita de los parlamentarios alemanes a Doñana y otras zonas de Andalucía y la polémica surgida con la fresa de Huelva, "algo que ha tergiversado el Gobierno andaluz y que no tiene nada que ver", según Amarillo, se plantearon interrogantes acerca de en qué se emplea el dinero recaudado por el concepto de "canon de depuración" del recibo del agua, qué resoluciones se adoptan acerca de las denuncias sobre el incumplimiento de la normativa de muchas depuradoras, la negativa de algunas empresas a poner en marcha un tratamiento terciario de las aguas residuales, la proliferación de pozos ilegales en nuestro término municipal o la escasez de agentes vigilantes fluviales.
