“La propuesta de Alcaldía sobre inicio de expediente de desahucio administrativo de una vivienda municipal en calle Virgen de la Palma”, más exactamente de las personas que allí viven, fue aprobada por PSOE y VOX, con la abstención de Grupo Popular y Unidos por Marchena. Izquierda Unida votó en contra del desahucio de esta familia: “No va a ser Izquierda Unida la fuerza que vote a favor, siquiera, de que se inicie un proceso del cual pueda surgir que esa familia tenga que salir a la calle”. Mercedes Abadía, concejala socialista, que defendió la regularización que está emprendiendo el equipo de Gobierno en materia de vivienda social, desveló que esa familia tiene una vivienda en propiedad, a lo que Francisco Rey, portavoz de IU, respondió que los terrenos de dicha vivienda no presentan aparente aspecto de habitabilidad y que la familia habría de afrontar numerosas reformas en ella. Por otra parte, el portavoz de Vox, José Carlos Delgado, reclamó insistentemente que el Ayuntamiento cree una Unidad de Ayuda y Soporte ante la Ocupación de viviendas que atienda también a particulares de viviendas privadas que vean ocupadas sus casas, a lo cual la alcaldesa se negó rotundamente, alegando que el Ayuntamiento no tiene competencia.
La secretaria leyó la propuesta de Alcaldía para el desalojo de la citada vivienda municipal en 15 días.
“Fácil y pronto. Nuestro voto en contra. Estamos hablando de un desahucio que puede conllevar expulsar a una familia de un inmueble, con cuatro hijos. La fórmula desahucio no es la adecuada, porque no es caso único, hay muchas irregularidades en Marchena. Y no será IU la fuerza que vote que siquiera se inicie un proceso del cual pueda surgir que esa familia tenga que salir a la calle. Nuestro voto es NO”, aseveró rotundamente el portavoz de IU, Francisco Rey.
Por su parte, el portavoz de VOX, José Carlos Delgado, apeló al equipo de Gobierno a que en el Ayuntamiento se sea tan ágil en la desocupación de viviendas privadas como en los desahucios de viviendas de propiedad municipal: “Si fueran tan ágiles, no tendríamos el problema de ocupación que tenemos en España. No se puede dejar que una familia ocupe una vivienda, bien sea propiedad privada o de propiedad municipal porque quiera, porque entonces produciríamos una ocupación masiva de las viviendas públicas. Hay que apoyar a la familia (que se desahuciará), pero no podemos permitir que se ocupe una vivienda”.
El portavoz de Unidos por Marchena, Andrés Mateo confió en que Servicios Sociales pueda darle la solución adecuada a la familia, pero mostró su oposición a la ocupación de viviendas, por lo que pidió que se les reubique en un nuevo domicilio. Además, respecto a la propiedad privada, señaló que muchos propietarios no se atreven a poner el cartel de alquiler por temor a que les ocupen sus viviendas otras personas.
El portavoz del Grupo Popular, José López, apeló a que todos los organismos vayan de la mano y criticó que en mayo “no se trajo informe de Servicios Sociales para cotejar si es oportuno el desahucio”, advirtiendo del problema de vivienda en general, tanto por encarecimiento de precios como por obstáculos de los bancos, señaló. “Por mucho que exista una nueva Ley para vivienda y otra para alquiler, no está solucionando nada, perjudica a todos los españoles”, manifestó en crítica a las políticas del PSOE en el Gobierno de la Nación y exigiendo al gobierno municipal “generar más viviendas municipales”.
Mercedes Abadía, concejala de Asuntos Sociales, dijo que la familia que vive en el inmueble “no ha entrado en razón” desde que conoce la propuesta de desalojo desde el 31 de marzo y que no ha contestado al Ayuntamiento, por lo que “nos vemos obligado a traer el expediente de desahucio. Tan solo Francisco Rey se ha preocupado por el expediente, pero o no sabe todo o no está diciendo la verdad. Esta familia tiene ya una vivienda en propiedad, por lo cual si hay alguien sensible es el equipo de Gobierno. Se le ha dado mucho tiempo de tregua. No han querido entrar en razón. Cien familias hay en Registro de Demandantes de Viviendas, algunas de ellas en extrema urgencia. No podemos mirar para otro lado, tenemos que regularizar”, afirmó.
El portavoz de Izquierda Unida, Francisco Rey, que consideró que mejor hubiera sido que el equipo de Gobierno guardara reserva tras escuchar a la concejala desvelar ese dato públicamente, precisó que habían comprado una vivienda en mayo de 2021 y que habrían de acometer un gasto complicado en reformas, pues las condiciones de habitabilidad no son las necesarias para que allí se instalen, que es una cuestión que también alega la familia, a la par que mostró su malestar con que esa familia lleve viviendo en el actual domicilio mucho tiempo y el Ayuntamiento “se haya dado cuenta hace seis meses, no es de recibo…”
El portavoz de Vox, José Carlos Delgado, apuntó que “si encima tienen una segunda vivienda o habitual, creo que está más claro todavía”.
A continuación, incidió en que “no podemos permitir que se ocupen viviendas públicas ni privadas. Se puede ayudar a viviendas privadas. ¿Por qué no hacemos una Unidad en el Ayuntamiento de Ayuda y Soporte ante la Ocupación que facilite trámites? Hagámoslo con la misma agilidad con la vivienda privada y ayudamos a los marcheneros que para eso estamos”.
El portavoz de Unidos por Marchena, Andrés Mateo, consideró que ”quien tiene vivienda propia, lo tiene más difícil todavía. Hablamos de derecho a la vivienda, pero que no nos ocupen la nuestra”, señaló, a la vez que indicó que “vamos tarde en hacer más viviendas municipales o estudiar posibles alquileres, pues hay gente interesada que no lo quieren hacer a nivel particular, pero que si el Ayuntamiento es intermediario, se pueden animar. Y que el Ayuntamiento ejecute más obras, como se hizo antiguamente para este tipo de uso”.
José López fue de la misma opinión que Mateo, a la par que se justificaba en que sus obligaciones laborales no le habían permitido estudiar en detalle el expediente: “El señor Paco Rey tiene todo el tiempo del mundo porque ya está jubilado, yo no puedo”, mezcló el portavoz del Grupo Popular.
La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, respondió a la apelación de Vox para ayudar a los propietarios de viviendas privadas en casos de ocupaciones: “El Ayuntamiento no tiene competencias en defender la propiedad privada de nadie. La propiedad privada cuando es invadida es una acción civil personal que tiene que accionar en el Juzgado de lo Civil y para eso hay unos magníficos profesionales que se llaman abogados, que a aquellas personas que no tienen recursos, la Administración se los pone de oficio. Por tanto, el Ayuntamiento no va a crear ninguna unidad para defender el derecho privado de ningún privado, no hay competencia”.
Al resto del plenario, señaló María del Mar Romero que “insisten en esa demagogia de que el Ayuntamiento tiene que construir viviendas, pero no tenemos competencia”, adjudicándola a otras administraciones, a las que el Ayuntamiento podría facilitarle suelo como se hizo en Marcelino Camacho, por ejemplo.
Al señor López, tras su referencia sorprendente al tiempo del que dispone el portavoz de IU, la alcaldesa le recordó que el Grupo Popular tiene cinco concejales, defendiendo en este caso la alcaldesa el buen hacer del concejal de Izquierda Unida frente a un señor López que “desde marzo hasta hoy no ha tenido tiempo de ver el expediente e instruirse mínimamente”, a la par que criticó la actitud de Moreno Bonilla, presidente de la Junta, que ha llevado al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Vivienda del Gobierno central, poniendo “palos en las ruedas”.
Propuesta de Alcaldía sobre Recuperación de Oficio de los bienes de la vivienda municipal sita en Plaza Ducal.
Respecto a este otro punto plenario, se ha tramitado expediente habiendo entregado el ocupante la llave y dejándola a disposición del Ayuntamiento y vacía, a la par que se mantiene un litigio judicial, ya que este último ocupante señala que compró la vivienda al ocupante anterior, resumió la secretaria municipal.
En este caso, IU apoyó la propuesta porque no afecta a nadie que viva en interior de vivienda, apuntando, eso sí, Francisco Rey, que “nadie puede vender lo que no es suyo”.
Vox consideró igualmente justo que se recupere esta vivienda para el Ayuntamiento. Su portavoz, José Carlos Delgado, propuso que se pueda hacer alquiler social para una familia necesitada: “hay que ayudar y no permitir ilegalidades de ocupación”.
Delgado reiteró su propuesta de creación de una Unidad de apoyo a personas que hayan visto sus viviendas ocupadas y retó a la alcaldesa a poner al servicio de las personas afectadas “el mismo abogado que usó de forma privada para denunciarme, usted sí usa los servicios jurídicos municipales y los marcheneros no, los servicios jurídicos deben ser para los marcheneros, que son los que los pagan. Si usted lo usa para beneficio personal, ¿por qué no usarlos todos los marcheneros? No se les puede decir (a las personas que ven sus viviendas ocupadas) váyanse a buscar un abogado, hay que ponerlas en contacto con quien sea oportuno, hacer peritaje policial necesario, asesorarles, ponérselo fácil. Se puede hacer, pero si no hay voluntad no hay nada que hacer”.
El portavoz de Unidos por Marchena, Andrés Mateo, explicó que este caso se ha detectado por el servicio de empadronamiento, si bien hizo hincapié en que se debería haber detectado en el área económica que el alquiler se dejó de pagar desde 2016, fecha de la transacción de la vivienda de un particular a otro. “Y ahora hay un comprador que se sentirá estafado. Percibo cierto descontrol de este tipo de viviendas. No se está lo suficientemente encima que se debería de estar”, puso de manifiesto el portavoz de UXM.
El portavoz del Grupo Popular, José López, especificó que el denunciante “dice tener contrato de cesión de derechos, porque alguien le dio ese derecho, no la propiedad”, a la par que incidía en que el “Ayuntamiento conoce la necesidad económica” de los demandantes de viviendas y “ha de ser el que pueda solucionar esas papeleta” en nuestro pueblo.
La alcaldesa respondió a López que “le vuelvo a aclarar que el Ayuntamiento no tiene competencia, quiere echarle la culpa al Ayuntamiento de las cien familias, pero el Ayuntamiento está encantado de colaborar” con administraciones competentes.
Mercedes Abadía, concejala del Grupo Socialista, del Área de Asuntos Sociales, señaló que los procesos son largos pero que este equipo de Gobierno está regularizando la situación, añadiendo que “la única que estaba legislando cuando hubo gobierno PP-PA era la señora Esther Álvarez, que nunca aparece en los Plenos y no sé por qué. Podemos decir las barbaridades que se hacían en ese mandato, se entregaban las llaves y aquí no se ha sabido nada. Es que era concejala del área, que también la conoce usted bien. Nosotros estamos haciendo los deberes. Regularizar vivienda por vivienda es lo que estamos haciendo. El registro de demandantes de viviendas es también para las viviendas del AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía)”, tras lo que animó a los demandantes a registrarse, concluyendo respecto al señor López que “ahora que pertenece usted al Partido Popular, muchas veces es que me pierdo ya, pero si está en el partido que gobierna, por favor, un telefonito” al AVRA.
En su último turno de intervención, el portavoz de Vox reclamaría “agilidad, trabajo; es lo que le exigimos. Que se regularice y que se ayude al que tenga un problema de ocupación en Marchena. Para eso estamos, trabajamos para el pueblo, vale, señora Abadía, ¡sí se puede!, como decís vosotros”.
José López contestó a Mercedes Abadía que Esther Álvarez estaba de médicos y que el Plan VIVE de la Junta de Andalucía exige un Plan de Vivienda y Suelo a los Ayuntamientos, “¿dónde está ese plan?” en el Ayuntamiento de Marchena, se preguntó, invitando a Mercedes Abadía a hacer el trabajo que, “para eso cobra”.
Por último, la alcaldesa respondió a López que el Ayuntamiento le ha enviado al AVRA todas las ocupaciones irregulares registradas en viviendas de Marchena de propiedad de la Junta de Andalucía y a José Carlos Delgado, de Vox, que el Ayuntamiento colabora con el Juzgado cuando denunciantes propietarios de viviendas privadas inician procesos judiciales y el Juzgado solicita informes sociales y policiales que realizan las áreas municipales.
La recuperación de oficio de bienes de la vivienda municipal sita en Plaza Ducal puso de acuerdo a todos los partidos, que votaron a favor, excepto a José López, portavoz del Grupo Popular, que se abstuvo por considerar que hay un juicio en curso por esa venta del primer beneficiario al segundo.
