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La alcaldesa ha vuelto a perder un juicio por vulneración de derechos de un concejal, como ya le pasó con Izquierda Unida. Ahora, es la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Marchena, a quien la justicia ha dado la razón tras recurrir la alcaldesa hasta al Tribunal Supremo. Esther Álvarez solicitó a la alcaldesa información sobre las cuentas del PSOE: “Ha perdido desde el primer juicio en el Contencioso, pero recurre porque no lo paga ella, contrata a un antiguo compañero de bufete y como es habitual en su manera de actuar, paga a sus amigos y coloca a gente que va comiendo del bolsillo de los marcheneros y marcheneras”. La intención de dilatar en el tiempo procesos judiciales ha hecho que “el PP no reciba un solo euro del Ayuntamiento desde 2019. No nos deja trabajar, porque no entiende de democracia”, expresa Esther Álvarez.

 


 

VÍDEO CON DECLARACIONES DE ESTHER ÁLVAREZ EN EL CANAL DE YOUTUBE DE LA VOZ DE MARCHENA 


En un nuevo caso de asfixia a la acción política de un partido de la oposición, nos encontramos con la misma receta ya vista con anterioridad; juicio perdido por vulneración de derechos y recurrir hasta la extenuación hasta que el mismísimo Tribunal Supremo inadmite la solicitud de recurso de casación del Ayuntamiento de Marchena en un proceso judicial que ha durado 23 meses (desde noviembre de 2020 hasta octubre de 2022).


Esta vez, la parte ganadora del proceso judicial, aunque con secuelas políticas que posteriormente nos desarrolla, es Esther Álvarez y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Marchena. Nos asegura su portavoz, harta de la actitud de la alcaldesa, que “llevamos ya catorce procesos judiciales y todos ganados” por vulneración de derechos, que “lo que pasa en Marchena y hemos consultado con gente del PP en toda España, no pasa en ningún pueblo”.


Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2020, cuando la alcaldesa suspende la ejecución del acceso a la información al Grupo Popular hasta que su portavoz presentara las cuentas de su grupo político, lo que al fin y a la postre, las sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla número 8 de Sevilla en fecha de 17 de junio de 2021 y del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla (TSJA) de 21 de octubre de 2021, han determinado que se ha vulnerado el derecho de la portavoz del Grupo Popular, como concejal, a recibir información para desempeñar su labor.

 

 

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Finalmente, ya el 13 de julio de 2022, la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo determina la inadmisión del recurso de Casación del Ayuntamiento de Marchena, pese a que ya había sido advertido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sevilla que solo podría recurrir una vez ante el TSJA y cuatro meses más tarde, en 13 de octubre de 2022, emite el TS un oficio para que que sea llevada a puro y debido efecto la sentencia.


El artículo 23 de la Constitución Española refleja que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”, por lo que la obstaculización a la labor de la oposición, en este caso al Grupo Popular, fue denunciada ante la Justicia, presentando entonces ya la defensa del Ayuntamiento una solicitud de inadmisión de la demanda formulada por el PP.


El Grupo Popular había solicitado el 5 de noviembre, a la alcaldesa, la documentación presentada por los Grupos Socialista, Ganemos Marchena e IU en relación a las dotaciones presupuestarias recibidas durante los ejercicios económicos 2017 y 2018 por asignaciones a grupos políticos. Transcurridos los cinco días de plazo, el 11 de noviembre la alcaldesa dictó resolución por la cual quedaba suspendido el acceso a dicha información “sin amparo legal o motivo reglamentario alguno”, por lo que el Grupo Popular volvió a presentar escrito instando la ejecución del acto administrativo, que fue contestado no produciéndose la puesta a disposición del expediente. Ante estos hechos, la defensa del Grupo Popular estimó que la actuación de la alcaldesa obviaba la legitimidad de un miembro del Pleno para obtener la documentación que necesite para el normal desarrollo de su labor, aduciendo que “ninguna persona puede restringir un derecho constitucional, de modo unilateral, ignorando y obviando que se trata de un derecho y no de una facultad o potestad del regidor de otorgar o limitar ese derecho a una concejal”, por lo que apuntó a una evidente la falta de cumplimiento del artículo 77 de la Ley 7/1985, suponiendo ello una clara vulneración del derecho a participar en los asuntos públicos y de acceso a información y documentación, lesionando el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.


El Ministerio Fiscal, presente en el juicio, reconoció dicha vulneración a través del impedimento y obstáculo de parte de la alcaldesa.


La defensa del Ayuntamiento de Marchena alegó que el Grupo Popular incumplía “la obligación legal de aportar la contabilidad de las asignaciones económicas disfrutadas”, motivo por el cual la alcaldesa no le reportaba la información solicitada de las cuentas del Grupo Socialista.


En este sentido, Esther Álvarez, expresa en entrevista mantenida hoy que “la ley no contempla facturas ni pedir extractos bancarios, como la alcaldesa pedía, sino que exige una justificación de la subvención que recibimos”, declarando que “igual que el PSOE puede ver nuestras cuentas nosotros podemos ver las cuentas del PSOE”, defendiendo que “nosotros las hemos presentado bien hechas por una asesoría fiscal y contable y ellos presentan un irrisorio Excel que sin embargo al Interventor le gusta, y nos dice el Interventor que las del PP no le gustan, que lo que quería no eran unas cuentas bien presentadas, que son muy complejas, que lo que buscaba era el entreveraíllo que ha presentado el Grupo Socialista”. Por parte de la secretaria del Ayuntamiento de Marchena, se emitió en diciembre de 2020 un escrito por el cual, en contra de lo que finalmente ha determinado la Justicia, señalaba que “de la documentación obrante en el expediente se desprende claramente que no se ha impedido u obstaculizado a la Concejala (Portavoz) del Grupo Popular el acceso al expediente solicitado”, coincidiendo con la alcaldesa en que se le había suspendido hasta que la peticionaria cumpliera con su obligación de aportar las cuentas de su grupo municipal .


Álvarez, que añade que la alcaldesa no le entregó las cuentas del Grupo Socialista, porque según María del Mar Romero, el Grupo Popular haría un “uso torticero” de las mismas, agrega que la alcaldesa les presentó las cuentas una vez perdido el primer juicio en el Contencioso Administrativo, por lo que no deja de sorprenderse cuando, ejecutada la propia Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, recurrió la alcaldesa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: “Es de una incoherencia absoluta que demuestra que lo único que importa a la alcaldesa es quedar por encima de los demás a costa del dinero de los marcheneros”.


“Le ha costado la bromita 3.000 euros más IVA a los marcheneros y marcheneras, además del abogado externo al Ayuntamiento que ha contratado la señora, que fue compañero suyo de bufete, cuando ya los marcheneros pagamos un letrado del Ayuntamiento, pero el hecho de recurrir solo responde a que le va pagando a sus amigos y colocando a su gente que come del bolsillo de los marcheneros, como suele hacer”, asegura Esther Álvarez.


Asfixia a la labor política democrática a través de la dilación en el tiempo de los procesos judiciales: "Esta señora no entiende qué es la democracia, no entiende que haya otros partidos”

 

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Veinte meses de transcurso del proceso, nueve de ellos desde la sentencia del TSJA hasta la inadmisión del recurso de apelación del Ayuntamiento por el Supremo, hacen transmitir a Esther Álvarez que, en definitiva, “es más de lo mismo; es más vulneraciones de derecho, más poner trabas, más poner palos… ¡déjenos trabajar! Es que no entiendo por qué esta señora no quiere que la oposición trabaje. Esta señora no entiende de democracia, no entiende que haya otros partidos, que la gente vote a otra alternartiva. Deje de ponernos palos en las ruedas”, reivindica Esther Álvarez.


“Llevamos ya ganados muchos pleitos por vulneraciones de derechos, han salido en muchos medios de comunicación de tirada nacional, pero ella sigue haciendo lo mismo, elevando al Supremo sentencias ya ganadas por nosotros, pero como no las paga y está dando de comer a un compañero suyo de abogacía, pues todo el campo es orégano…que sigan todos los marcheneros pagando a estos señores, llenándole y los bolsillos con sus impuestos, porque en todos los pueblos de la redonda los impuestos son más bajos, menos en Marchena, que son los más altos y que se dedican a gastarlos estos señores en productividades, en amigos, en gratificaciones y en ellos mismos”.


Respecto a las consecuencias de la acción de Alcaldía en el Grupo Popular, Esther Álvarez denuncia que el Ayuntamiento no le paga la subvención por grupos políticos desde 2019, por lo que ha tenido que abandonar la sede el PP porque “no podemos pagar agua, luz ni alquiler” y “trabajando por las mañanas, como estos señores cierran el Ayuntamiento por decisión propia por las tardes, necesitamos un sitio donde podernos reunir con los vecinos como lo tienen ellos en Madre de Dios”.


En este sentido, “nos ha llegado a decir la alcaldesa hasta que el aire acondicionado de nuestro despacho del Ayuntamiento lo arreglemos nosotros con el dinero que el Ayuntamiento no nos da, que por cierto ayer estaban arreglando la puerta del despacho de la señora Teresa Jiménez y me imagino (ironiza) que lo habrá pagado ella de su dinero, pero hasta eso nos ha llegado a decir, que lo paguemos nosotros, hasta ahí ha llegado la golfería de estos señores que no saben trabajar porque no saben de democracia. Y nosotros estamos en la política para los que nos votan y lo que no nos votan, yo mismo he escuchado a mucha gente que iba en sus listas y que eran muy socialistas y los he ayudado en la medida de lo posible”.

 

Varapalo de magnitud significativa de la Jueza del Contencioso a la alcaldesa, ratificado por el TSJA y el Supremo


Los últimos párrafos de la fundamentación de Derecho llevada a cabo por la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 8 a la alcaldesa en la sentencia del 17 de junio de 2021, son, además de una claridad explicativa excepcional, un varapalo legal en sí mismo a la alcaldesa de Marchena, y rezan así:


“Pues bien, ello (el impedimento de participación política) no puede aceptarse. El ejercicio del derecho fundamental de participación política no puede condicionarse y menos aún suspenderse por voluntad y decisión propia de quien está obligado a facilitar la información solicitada para el efectivo ejercicio del derecho. Ello no tiene apoyo ni fundamento en norma legal alguna, siendo así que no puede adoptarse por simple resolución administrativa, cuando se trata de un derecho fundamental, de especial protección constitucional, siendo la regulación de su ejercicio materia reservada a la ley -ley orgánica cuando se trata de desarrollo directo de los derechos y libertades de la Sección Primera del Captíulo II del Título I de la CE-. A este respecto, conviene recordar que, conforme al artículo 53.1 CE “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161. 1 a)”. Y se ha de añadir que el derecho de participación política reconocido en el artículo 23.1 no está ni siquiera comprendido dentro de los que el texto constitucional prevé como susceptibles de suspensión en los supuestos de declaración de estado de excepción o de sitio, de acuerdo con el artículo 55 CE”.


“Por lo tanto, la Alcaldesa del Ayuntamiento de Marchena no puede suspender el ejercicio del derecho fundamental de participación política, que incluye el derecho de los miembros de la corporación a obtener la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, que tiene reconocido constitucionalmente la hoy actora, en cuanto miembro de un grupo político; ni puede condicionarlo al cumplimento de una obligación del referido grupo político; este cumplimiento puede garantizarse y obtenerse por otros medios y vías, pero desde luego, no suspendiendo motu propio el ejercicio del derecho fundamental. Suspensión que no es un acto solo susceptible de control político, como apunta en su contestación a la demanda la defensa del Ayuntamiento demandado (…)


“En definitiva, la resolución de la Sra. Alcaldesa fechada el día 11 de Noviembre de 2020, si bien viene a confirmar el acto presunto previo, concediendo el acceso a la documentación interesada, no obstante, en cuanto que impide su ejecución, pues acuerda la suspensión de la entrega de la documentación solicitada, ha supuesto una vulneración del derecho fundamental del artículo 23 CE en cuanto que impeditiva de la función de los representantes populares de ejercer una real y efectiva fiscalización de las actuaciones municipales, lo que incluye el control, análisis, estudio e información de los antecedentes necesarios, obrantes en los servicios municipales. Por ello el recurso no solo es admisible -como ya se indicara en el Auto que así lo resolvió- sino que debe ser estimado”.


Realizado este razonamiento, la jueza falla que la actuación de la alcaldesa ha lesionado el derecho fundamental recogido en el artículo 23 CE. Por consiguiente, anula la resolución de la Alcaldía en ese extremo y condena a la Alcaldía a que adopte las disposiciones oportunas para hacer efectivo el ejercicio de dicho derecho, ordenando la puesta a disposición de la portavoz del PP de la documentación presentada por los Grupos Municipales Socialista, Ganemos Marchena e Izquierda Unida en relación a las dotaciones presupuestarias recibidas durante los ejercicios 2017 y 2018 por asignaciones a grupos políticos e imponiendo las costas procesales habidas al Ayuntamiento de Marchena.


Los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sentencia emitida el 21 de octubre de 2021, abundan en los motivos expuestos por la jueza del Contencioso y “con independencia de que el Grupo Municipal Popular haya presentado las cuentas correspondientes a los años 2019 y 2020 en fecha 15 de abril de 2021” (…) “no hallamos inconveniente alguno en considerar que el derecho de acceso a la documentación presentada por los grupos municipales Socialista, Ganemos Marchena e Izquierda Unida en relación a las dotaciones presupuestarias recibidas durante los ejercicios económicos 2017 y 2018 por asignaciones a grupos políticos, está comprendida en el derecho a la información ínsito en el derecho fundamental a la participación política, por lo que desde el momento en que ha sido concedido dicho acceso a la concejal demandante primero por silencio positivo y luego de forma expresa, ya no cabe discutir si es o no el Pleno, el único órgano legitimado para examinar y valorar las cuentas que deben presentar los grupos políticos; en segundo lugar, tampoco cabe imponer una condición, posibilidad que no encuentra amparo normativo alguno y que supone en la práctica impedir su ejecución, vulnerando con ello el derecho fundamental reconocido en el art. 23 CE. Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Marchena”.


Además, imponen nuevamente costas al Ayuntamiento de Marchena.


Ya el 13 de julio de 2022, la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo determina la inadmisión del recurso de Casación del Ayuntamiento de Marchena, pese a que ya había sido advertido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sevilla que solo podría recurrir una vez ante el TSJA.

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