La asociación Dignidad y Memoria de Marchena (DIME) celebró este 1 de mayo un encuentro de familiares de represaliados del franquismo en el monumento a la memoria, tras el cual se proyectó la película 'La guerra de los malditos', dirigida por Manuel Gómez Cano, creación independiente de Foro Audiovisual de Extremadura y que supone todo un homenaje a los maquis, quienes nunca dejaron de combatir contra la dictadura franquista con todas las consecuencias.
Además del pleno anunciado ayer para el martes 3 de mayo a las 10:30 horas, que consta de dos puntos del orden del Día, hoy a las 13:24 horas (casi una y media de la tarde de un viernes previo al Día de los Trabajadores y puente festivo hasta el 2 de mayo para algunos), el equipo de Gobierno ha fijado un nuevo Pleno para las 11:15 horas del mismo martes 3 de mayo, con fin de tratar una aprobación inicial de una modificación presupuestaria. Desde el grupo municipal de Ciudadanos se expresan indignados con que "no hay precedente de convocar dos plenos extraordinarios urgentes, uno detrás de otro y convocado en dos días consecutivos. Es de una falta de profesionalidad y un maltrato a la oposición tremendos; juegan con el tiempo de la gente", expresan.
Una propuesta de Alcaldía para el Pleno Extraordinario de 3 de mayo (martes), a partir de las 10:30 horas, establece para la Feria 2022 la eliminación de las tasas económicas que los responsables de casetas, quioscos, puestos, barracas, espectáculos y rodaje cinematográfico. Asimismo, el primer punto plenario abordará la aprobación definitiva de bienes y derechos y propietarios afectados para la continuación de la restauración de la muralla.
Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del Ayuntamiento de Marchena, con objeto de acordar la ordenación e imposición del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se recabarña opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, de manera que desde la publicación en el Ayuntamiento de Marchena, el 22 de abril, tienen los ciudadanos diez días hábiles para enviar sus aportaciones al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ciudadanos sacó a relucir en el pasado Pleno ordinario del Ayuntamiento de Marchena un acuerdo firmado nada más llegar María del Mar Romero a la Alcaldía de Marchena, el 30 de junio de 2015, entre Grupo Socialista y el PSOE de Marchena por el que se fijó que dicho grupo político traspasara 2.000 euros al mes al PSOE local, cantidades que se han ido incrementando hasta llegar a 3.500 euros, por ejemplo en diciembre de 2018, y que se han empleado en servicios de infraestructuras, asistencia, asesoramiento y consultoría que el PSOE local le presta al Grupo Socialista del Ayuntamiento. Abraham Martín, concejal de Ciudadanos, puso de manifiesto que de esta forma, el Grupo Municipal Socialista elude la fiscalización de los órganos municipales, siendo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, órgano de carácter nacional. Asimismo, expuso que el Informe de Intervención para este asunto hace una “interpretación parcial y muy sesgada de la ley” cuando acepta la contabilidad “simple y sin memoria explicativa” del Grupo Socialista, aspecto del que también se quejó el Grupo Popular por no haber aceptado Intervención Municipal una contabilidad "más completa” de este grupo político. Los grupos de la oposición transmitieron que la honorabilidad de los concejales es puesta en la picota, ya que la propuesta de Alcaldía, que se aprobó con los votos a favor de Grupo Socialista, abstención de Ciudadanos y en contra de Cien por Cien y Grupo Popular, establece que las obligaciones de reintegro de las subvenciones a partidos políticos concedidas por el Ayuntamiento y que no hayan sido justificadas recaen de modo personal y solidario en cada uno de los concejales, aspecto que Informe de Intervención y alcaldesa justifican en la “carencia de personalidad jurídica” de los grupos políticos.
