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El vicesecretario del Ayuntamiento de Marchena, Antonio Seijo, ha denunciado la orden de Alcaldía ante los Juzgados y la Guardia Civil: "El Interventor declaró ayer y pronto lo hará la alcaldesa, pues la orden de entrada la debería haber dado un juez y no ella". El vicesecretario expone que han existido numerosas "irregularidades" en esta actuación y que se han llevado tras la intervención "mucha información del ordenador que puede comprometer a una persona de la corporación municipal". También ha incidido el Vicesecretario en defender su trabajo: "Es lamentable que la alcaldesa me quiera responsabilizar del retraso en Urbanismo, llevo 622 informes y documentos tramitados en los últimos dos años".

 

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La portavoz del Grupo Popular, Esther Álvarez, ha interpuesto denuncia contra la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, y el teniente de alcalde y que durante una semana de agosto ejerció funciones como alcalde, Manuel Suárez, por "presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos", entendiendo que "se han vulnerado los derechos de los concejales" del Grupo Popular, al serle desestimada la entrega del expediente de la Oferta de Empleo Público por parte de diversos funcionarios municipales, en lo que entienden como una "flagrante tomadura de pelo y absoluto desprecio" a sus derechos. La portavoz popular, Esther Álvarez, advierte que "quedan muchas denuncias por conocerse, con las que vamos a desenmascarar a la señora alcaldesa y a todo su equipo de Gobierno".

 

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El Vicesecretario del Ayuntamiento de Marchena, Antonio Seijo Ceballos, interpuso denuncia el 8 de agosto del presente año en el Juzgado de Primera Instacia e Instrucción número 2 de Marchena, en la cual expone ante Fiscal de Osuna, Juez de Guardia de dicho Juzgado y Secretaria Judicial, que el Interventor del Ayuntamiento Marchena "desempeño funciones después de cesar de su cargo", "firmando documentos con fechas posteriores al acta de cese (de 12 de junio del presente año) que han creado obligaciones económicas al Ayuntamiento por importe aproximadamente de 60.000 euros". Asimismo ha remitido a la Dirección General de la Función Pública una petición para que declare de oficio la excedencia voluntaria del Interventor, como manifiesta corresponder por ley, exponiendo que tras el cese, el acta de nueva toma de posesión fue firmada por el responsable de Recursos Humanos. El Vicesecretario sostiene que la alcaldesa y el Interventor podrían incurrir, si la Jueza estima los argumentos de su demanda, "en delitos de faslsedad documental, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos, entre otros". Respecto a la Oferta de Empleo Público publicada en el BOP el 14 de julio del presente 2017, el Vicesecretario manifiesta que "es deleznable que la alcaldesa y el primer teniente de Alcalde me culpen de la desaparición del expediente, que lo tiene la alcaldesa y tengo pruebas de ello, como también lo es que se lo hayan ocultado al Grupo Popular, negándole un derecho constitucionalmente reconocido", afirma, entrando en más pormenores de esta argumentación.

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