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La Federación Española de Municipios y Provincias, tras firmar en septiembre de 2019 la Declaración Específica en favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creó la Red de Entidades Locales a finales de ese mismo año para desarrollarlos. El municipio de Marchena, en Pleno Extraordinario que se celebrará el lunes 22 de agosto a partir de las 10:30 horas, aprobará su adhesión a esta red.

Marchena Cien por Cien denuncia públicamente que en la página web oficial del Servicio Público Estatal de Empleo Público (SEPE) figura "el correo particular" de la alcaldesa de Marchena y un teléfono de Sodemar que no existe, "para unos cursos que se han de ofrecer en la Sociedad de Desarrollo Económico de Marchena", ante lo que su portavoz, José López, se muestra crítico con "la utilización torticera" de una página oficial del gobierno de España, por parte de la alcaldesa de Marchena.

Una sentencia del TSJA reafirmada por el Tribunal Supremo, declara nulo el acuerdo de liberación parcial de cuatro concejales aprobado el 5 de diciembre de 2017, entonces en mayoría simple y no absoluta, por la no justificación de la urgencia del Pleno donde se aprobó, e insta el juez a su cumplimiento con todos las consecuencias, incluidas las de carácter económico, advirtiendo a la alcaldesa de posibles multas coercitivas en caso de incumplimiento. El 24 de septiembre de 2021, en Pleno, el equipo de Gobierno sacó adelante, ya en mayoría absoluta y no simple como en el anterior Mandato, la aprobación de las liberaciones parciales con carácter retroactivo. La alcaldesa señaló en el último Pleno que da por cumplida la sentencia respecto al caso de los sueldos, mientras que la oposición considera que no está cumplida y en el caso de la portavoz del Grupo Popular, Esther Álvarez, advierte a la alcaldesa que "está causando a sus concejales el daño más grande que se le puede hacer a una persona" y que puede llevarse aún "sorpresas" judiciales al respecto.

Un total de 293.240,15 euros de todos los marcheneros y marcheneras, uno detrás de otro, se habrán de abonar a la constructora EPSA, a razón de un fallo judicial que le da la razón en un litigio a esta empresa frente a la extinguida Empresa Municipal de la Vivienda, a partir de un convenio de 4 de febrero de 2004 para la construcción de las 96 viviendas sociales de Marcelino Camacho, cuya liquidación, según resulta del acta de entrega de 19 de marzo de 2010, no fue efectuada por el ente municipal ni Ayuntamiento.