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Tres personas han sido indentificadas por la Guardia Civil como presuntos autores de la muerte del guarda de seguridad de Camas, al que propinaron una brutal paliza en la madrugada del 24 al 25 de noviembre cuando vigilaba la planta fotovoltaica de carretera de Paradas, según informa hoy el diario ABC. Tras la paliza, el vigilante quedó ingresado en la UVI y muríó el 19 de enero. Se da la circunstancia de que entre los tres presuntos autores, especialistas en robos de cobre, acumulaban más de 30 detenciones. 


Tres individuos de origen rumano, especializados en el robo de cobre, han sido identificados por la Guardia Civil como los presuntos autores de la muerte del vigilante de seguridad J.A.J.C. de 32 años, fallecido en enero pasado después de recibir una brutal paliza por parte de unos delincuentes. Dos de los presuntos autores del hecho han sido puestos en busca y captura internacional, mientras que el tercero fue detenido en un pueblo de Valencia y quedó inexplicablemente en libertad, según informa  www.abc.es.

El vigilante recibió una brutal paliza, hecho del que en su día nos informaba la Policía Local, que nos daba cuenta del estado de shock en el que se habían encontrado al agredido y finalmente fallecido, quien probablemente llevaría horas tendido en el suelo y que desde el primer momento hacia presagiar “lesiones cerebrales y secuelas de por vida”, lo que desgraciadamente se confirmó con su fallecimiento.

La investigación la llevó a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil. Según la información que recoge ABC, la agresión le produjo fractura de cúbito y radio, numerosas contusiones, fractura de la órbita ocular y traumatismo craneoencefálico. Los asaltantes llegaron a clavarle algo parecido a un punzón en un ojo, causándole una lesión cerebral.

La información de la edición digital de ABC relata que “los asaltantes huyeron del lugar tras llevarse los teléfonos del vigilante y su coche, que apareció quemado cerca del lugar. Habían intentado borrar cualquier posible rastro pero habían dejado atrás suficientes evidencias, entre ellas su ADN, como para que el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla pudiera iniciar una investigación que ha concluido con la plena identificación de los tres autores de la salvaje agresión”.

Respecto a los antecedentes la narración resulta escalofriante: “Los tres han resultado ser ciudadanos de origen rumano que tienes tras de sí numerosas detenciones, la mayor parte de ellos por robos con violencia, aunque alguno incluso ha sido detenido por agresión sexual. Los tres están considerados como especialistas en el robo de cobre y se le relaciona con otros hechos de similares características al ocurrido en Marchena. De hecho, se les cree autores de otras violentas agresiones a vigilantes de seguridad en obras e instalaciones a la que han accedido para robar cobre. Se da la circunstancia de que entre las treintena de detenciones que los tres suman se encuentran varios arrestos en la provincia de Sevilla, también por robo de cobre, hecho por el que, como viene siendo tónica habitual, fueron puestos en libertad”.

Al menos uno de los tres identificados ya fue detenido en un pueblo de Sevilla, junto con otros compatriotas suyos, como integrante de una banda dedicada a robos con violencia, en instalaciones, naves industriales e incluso viviendas, añade la edición digital del periódico sevillano. En aquel momento, la Guardia Civil llegó a intervenirles efectos procedentes de algunos de los robos perpretados, así como numerosas herramientas presuntamente utilizadas para la comisión de los asaltos.

Tras la plena identificación de los tres implicados en la muerte del vigilante sevillano, la Guardia Civil ha procedido a emitir una orden de detención de ámbito internacional. Fruto de la misma fue el arresto de uno de los sospechosos, que fue localizado en un pueblo de Valencia, aunque más tarde quedó en libertad.

El robo de cobre se ha convertido en uno de los delitos más recurrentes en la provincia de Sevilla, donde están causando cuantiosas pérdidas a las empresas y a los servicios públicos, sin que hasta ahora se hayan habilitado fórmulas legales que permitan impedir la compraventa de este material, que llega a las chatarrerías ya fundido, lo que hace indemostrable su procedencia.