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La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Marchena, Esther Álvarez, se ha mostrado muy crítica con la suspensión de las clases de los dos programas de Empleo y Formación Atención al Ciudadano y Marchena Gestiona, que comenzaron el 20 de abril y que estaban cursando, hasta ayer, 30 alumnos, 15 en cada uno de ellos. "Los han querido comenzar de prisa y corriendo antes de las Elecciones, en el mes de abril, y no conocen ni el tipo de contrato" que se les debe realizar a los alumnos, manifiesta Esther Álvarez. La portavoz de los populares señala que "les prometieron a los alumnos que cobrarían el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ahora se dan cuenta de que lo que deben cobrar los alumnos es el tipo de contrato formativo en alternancia, que es el 65 por ciento"del SMI. 

 


Esther Álvarez achaca "error garrafal" en la comunicación del salario a los alumnos y alumnas por parte de los responsables del equipo de Gobierno del Ayuntamiento en esta materia, y achaca a éstos y a la alcaldesa que "salieron en abril, a un mes de las elecciones, a venderlo como un logro y a colgarse las medallas, pero por hacerlo de prisa y corriendo es normal que pasen estas cosas".

 

Los alumnos y alumnas de estos programas de Empleo y Formación perciben el 65 por ciento del salario mínimo en el primer año de formación en estos programas que en estos dos casos de los de Marchena cuentan con un año de duración y 2.240 horas de duración, a los que los alumnos acuden cinco días a la semana durante siete horas, a razón de 35 horas semanales.

 

Sin embargo, la actuación municipal en estos dos programas de empleo y formación subvencionados por la Junta de Andalucía, "ha sido precipitada y sin leerse ni las leyes ni el Decreto", manifiesta Esther Álvarez, que lamenta que "se ha mal informado a los alumnos" por parte del Consistorio "porque no conocen ni el funcionamiento de estos programas", lo que a su juicio, podrá subsanar el Ayuntamiento "empleando dinero de partida de materiales que vienen para estos programas, y así poder cumplir con lo que le han prometido a los alumnos", indicando que este modus operandi es habitual en algunos Ayuntamientos para aportar un ingreso mayor a los alumnos, añadiendo que "después de habérsele prometido el cien por cien del SMI, es lógico que ahora haya alumnos y alumnas que no se conformen y se nieguen a firmar el 65 por ciento como les ha pedido el Ayuntamiento".

 

La portavoz del Partido Popular indica que "la Junta de Andalucía está cumpliendo con la inversión que debe realizar en estos programas de Empleo y Formación" y lamenta que "la actuación precipitada del equipo de Gobierno para sacar rédito electoral de estos programas de empleo haya hecho que muchas personas pierdan la antigüedad en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al optar por hacer un programa de empleo en el que le prometieron que iban a cobrar mucho más".

 

De los 1.166 o 1.260 al mes que se interprete según SMI de 2022, cuando se solicitó el programa por el Ayuntamiento, o 2023, cuando se está cursando, a los 758 u 819 del 65 por ciento que realmente es lo que corresponde a este tipo de contrato, expone Esther Álvarez, "hay diferencia, pero se ha producido por un error garrafal del equipo de Gobierno y por colgarse medallas a un mes de las Elecciones".