La abogada que lleva los asuntos jurídicos del PP en el tema de las asignaciones a grupos municipales, Ana María Fernández Gómez del Castillo, de Bufete de Abogados Corzo, ha incidido en la "falta de decoro" por parte de la alcaldesa, que "ha tratado el Pleno con un abuso enorme de derecho". Asimismo, respecto al proceder del Interventor, y solidarmente de Alcaldía y Secretaría en el referido asunto de las asignaciones a grupos políticos tras la petición de reintegros a título personal a concejales del Grupo Popular, en este caso, la letrada advierte que pueden estar incurriendo en "un posible presunto delito de prevaricación, además de otros posibles delitos". Esther Álvarez, portavoz del Grupo Popular, ha incidido en las sucesivas situaciones de "indefensión" a la que se ve abocada como concejala en este asunto en el que "la respuesta que nos da el Interventor es que la contabilidad presentada por el Grupo Popular, ¡es muy compleja!" y ha afeado la "forma de funcionamiento del Ayuntamiento, que es mandar cartas el día de Navidad y de Reyes Magos, en las que se nos amenazando con que tenemos que reintegrar dinero a nivel personal cada uno de los concejales", concluyendo que "¿todos los partidos vamos a estar equivocados con las formas y manera de esta señora?" en referencia a la alcaldesa.
La abogada, que también defiende a otros grupos municipales del Ayuntamiento de Marchena, explica que éstos, cuando se dirigieron a Bufetes Corzo, se centraron en la "falta de seguridad jurídica que había por parte del Ayuntamiento, de Interventor y de Alcaldía", por lo que "al no haber aprobado en Pleno un Reglamento Interno de Funcionamiento de las asignaciones y las dotaciones a los grupos municipales y partidos políticos, desconocen qué documentación contable, plazos de preparación y otorgación de la documentación, tiene que facilitar al Interventor. Hemos advertido la absoluta discrecionalidad, el abuso del derecho y la falta de transparencia, exigida al Interventor, que no ha aportado una memoria de fiscalización para hacer los reparos correspondientes a los grupos municipales".
"A colación de esta enorme queja y posible presunto delito de prevaricación, además de otros delitos posibles en los que participan en primer lugar el Interventor del Ayuntamiento de Marchena, y en segundo lugar solidariamente la Secretaria y la Alcaldía, he querido ser testigo de la celebración de este Pleno Municipal y lo que he advertido como ciudadana es la falta de decoro, por no decir mala educación, y fundamentalmente la falta de organización interna", expuso la abogada.
Respecto a la alcaldesa de Marchena, incidió en que "ha tratado el Pleno con un abuso enorme de derecho, en todo momento, cortando y dejando sin palabra a determinados grupos municipales y decidiendo ella cómo quería controlar el tiempo y a quién daba el turno de palabra".
"En segundo lugar", añadió Ana María Fernández Gómez del Castillo en la entrevista mantenida con este medio, "se han tratado dos aspectos fundamentales en materia de transparencia de gasto público; las inversiones realizadas en un complejo terapéutico y los gastos asignados en Fitur (Feria Internacional de Turismo). En ninguno de los dos se ha dado justificada transparencia de los gastos asignados y de los previsibles y futuros gastos, de forma que los vecinos de Marchena se van a ver abocados a previsibles nuevos gastos no informados y decididos previamente conforme a derecho participativo, y veremos a ver si no aprueba futuras contribuciones especiales que tengan que soportar para hacer frente a esos gastos desconocidos y evidentes por parte de la Alcaldía".
"Es una vergüenza para el Estado de derecho desde mi punto de vista como jurista", declaraba concluyendo su alocución, la abogada, que recordó que la alcaldesa no ha tenido a bien incorporar al Orden del Día varias propuestas de la oposición. "Es más, ni siquiera ha motivado (la alcaldesa) el por qué no" las ha incluido, y que había advertido, señaló, que los ciudadanos de Marchena "carecen del derecho de intervenir en el apartado de ruegos y preguntas, como es muy habitual en la gran mayoría de los Ayuntamientos democráticos".
Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Esther Álvarez, calificó de "aberración" la expulsión del concejal Francisco José Carmona del Pleno y criticó que "en cada punto plenario, ellos (el Grupo Socialista más la alcaldesa) tienen ocho intervenciones sin límite de tiempo y nosotros dos, es un abuso de poder absoluto"
"El PP, sí; pero IU, Ganemos, Partido Andalucista, Marchena Cien por Cien, Ciudadanos..., ¿todos los partidos que pasamos por aquí estamos equivocados ante las formas y maneras de esta señora?", se preguntaba Esther Álvarez a la conclusión del Pleno.
Respecto al conflicto de las asignaciones, recalcó que, al Interventor "se le presente lo que se le presente, no le gusta y no le vale. Si le presentamos la contabilidad, que la hace una persona espeializada, un bufete, nos dice que es muy compleja. Si le presentamos asientos bancarios, no los quiere, facturas de IU...no le hacían falta, pero ahora sí quiere facturas", se quejó la portavoz amargamente: "Denos una plantilla, dilo cómo lo tenemos que hacer", reiteró.
Esther Álvarez expuso que el Grupo Popular ha acudido a la Justicia y que el Contencioso, y luego a recurso del Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) y el Tribunal Supremo han determinado que el Grupo Popular tenía derecho a recibir la documentación de la contabilidad exigida a los demás partidos, que en un primer momento, dijo Esther Álvarez, "el Interventor nos denegó porque nos decía que íbamos a hacer un uso torticero de esa información".
"Y es el Tribunal Supremo el que ha dicho que ellos tienen un acuerdo consigo mismos, un excel sin firma electrónica, por el que nos pasamos los dineros, del Grupo Municipal Socialista al Partido Socialista de Marchena. 2.000 euros cada mes, que algunos meses son 3.500, pero eso, nos dice el Interventor, que una vez que llega el dinero al partido, lo tiene que fiscalizar un ente superior, él no..."
Respecto al daño psicológico que dijo en Pleno tras la expulsión de Francisco José Carmona que les está generando la situación, detalló que "un Lunes Santo nos mandan un aviso de pago de reintegro, el día de Navidad y el día de Reyes Magos de este año más notificaciones de pago; así funciona este Ayuntamiento, amenazando conque encima lo tenemos que hacer cada uno de los concejales a nivel personal porque no tenemos personalidad jurídica, ¡pero si las mociones nos la hacen presentar a nivel electrónico porque dice ella (la alcaldesa) que tenemos personalidad jurídica y que no podemos presentarlo en un Registro, y muchos escritos se nos han quedado fuera! Entonces, ¿en qué quedamos? Es, como ha dicho nuestra abogada, una situación de total indefensión".
Esther Álvarez, por último, ofendida con que la alcaldesa haya realizado "insinuaciones" de que los concejales del PP hacen mal uso del dinero de las asignaciones, ha criticado que "en el Portal de Transparencia, como exige la Ley de Transparencia, están las declaraciones de bienes, que le llevó siete años preguntado a la concejala Teresa Jiménez por qué entró en la política con 240 euros y a los tres años contaba con fondos de más de 100.000 euros, o la señora Beatriz Sánchez (ex concejala del Grupo Socialista y diputada provincial), que en su declaración al entrar en política ponía sin oficio ni beneficio y se fue con más de medio millón de euros".
