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El PP y Marchena Cien por Cien han presentado una Moción, no incluida por la alcaldesa en el Orden del Día del Pleno Ordinario de enero, en la que solicita que se incoe de oficio procedimiento disciplinario contra el Interventor municipal, Antonio Osuna Caro. Ambos partidos entienden que el Habilitado Nacional les ha causado daños y perjucios en el ejercicio de sus funciones y los ha dejado en una situación de indefensión, pues manifiestan en la moción que el Interventor "lleva muchos años actuando con absoluta arbitrariedad" que ha llegado a hacerles vivir "una situación insufrible de acoso y persecución".

 

 


 

 

"Desde hace meses, los concejales de la oposición venimos viviendo una situación insufrible de acoso y persecución por parte del Interventor del Ayuntamiento de Marchena, exigiéndonos unos pagos de unas subvenciones porque, a su criterio, la documentación presentada no es del agrado del “habilitado nacional”, señalan Grupo Popular y Marchena Cien por Cien en la moción no aceptada por la alcaldesa para su inclusión en el Orden del Día del Pleno, cuestión respecto a la que Esther Álvarez, portavoz del Grupo Popular, expresa que este rechazo le parece "muy fuerte, porque esta señora ha reducido la celebración de los Plenos a cada dos meses, y solamente dos mociones por partido, y encima ella decide que no se admitan mociones, algo que no ha hecho nunca ningún alcalde; ningún alcalde ha puesto vetas al número de mociones, siempre se han celebrado los plenos una vez al mes; todo lo que está haciendo esta señora es una auténtica barbaridad".


Continuando con la moción, Marchena Cien por Cien y Grupo Popular inciden en que "la realidad de cuanto acontece en esta corporación, con la avenencia de la Alcaldía y de su Interventor, es que se emiten informes de fiscalización de las asignaciones de los grupos políticos de una manera arbitraria y discrecional, provocando una evidente falta de seguridad a los que nos requiere información, al no contar con elementos fundamentales y transparentes en el requerimiento de la documental contable y necesaria sometida a fiscalización".

 

Añaden ambos grupos políticos que "a nuestro parecer, la documentación justificativa sometida a fiscalización por el Interventor no puede ser cambiante, arbitraria y sinsentido, y en todo caso deberían ser regulada por un reglamento de ordenación donde se especifique el elementos tales como: formas de justificación (soportes, necesidad de memoria o informe detallado), plazos de justificación, modelos de cuentas justificativas, etc., pues todo lo contrario provoca de facto una evidente nulidad de las resoluciones emitidas, en este caso, por el Interventor, al haber provocado graves perjuicios por vulneraciones de derechos de amparo constitucional como es el principio de igualdad. Además de reiterar la grave indefensión que provoca una falta de regulación clara y sometida al principio de legalidad y transparencia, la cambiante y continuada falta de criterio del Interventor del Ayuntamiento de Marchena está provocando en todos nosotros, un enorme perjuicio económico al instruirnos un procedimiento de reintegro de cuantías, según él, no “justificadas” por los grupos políticos a los que representamos".

 

"Hay que recordar que en el Real Decreto 424/2017, de 28 deabril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno enl asentidades del Sector Público Local, establece los principios por los que se debe regir la función interventora en la administración local, a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio, y no atenderá a cuestiones de

oportunidad o conveniencia de las actuaciones fiscalizadas(artículo8.2)", añaden Marchena Cien por Cien y Grupo Popular.

 

ayto interventor

 

"Parece de lógica, que si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con los, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito, y dichos reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas y deberán comprender todas as objeciones observadas en el expediente", agregan ambos grupos políticos.


"Nada de lo mencionado ha realizado el Interventor, iniciando un procedimiento de solicitud de reintegro de dotaciones, habiendo prescindido del procedimiento legalmente establecido", señalan Grupo Popular y Marchena Cien por Cien, que inciden en que "cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, emite una resolución a sabiendas que es injusta, está cometiendo un presunto delito de prevaricación. Es de destacar que ese funcionario, da la espalda a su responsabilidad y confianza para con la sociedad y el interés general y, en consecuencia, actúa contra el buen funcionamiento de la Administración Pública. Es un principio Constitucional el buen funcionamiento de la Administración Pública que ha de servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con unos principios concretos y recogidos expresamente. La Constitución Española contiene dos artículos, el 103 y 106, que sirven de punto de partida para cualquier actuación administrativa. Por el primero se establece la obligación de la Administración de servir con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, y por el segundo se indica el sometimiento al principio de legalidad de la misma actividad administrativa".

 

Finalmente, Grupo Popular y Marchena Cien por Cien critican que "Don Antonio Osuna Caro, entre otros aspectos, no ha tenido una línea de congruencia con la información y documentación requerida a los diferentes grupos políticos municipales, para someterla a su arbitraria fiscalización, de forma y manera que cada ejercicio económico y, a cada grupo político según sus preferencias, solicita, admite o desestima lo que a él únicamente conviene" y que el Interventor "no ha dado traslado motivado y fundamentado a los grupos políticos municipales de los trámites de audiencia necesarios y la formulación de sys reparos".

 

"Ése es y ha sido el modus operandi del Interventor del Ayuntamiento de Marchena a lo largo de muchos años con absoluta arbitrariedad y falta de motivación y transparencia, hace y deshace a su ritmo, provocando una evidente indefensión a los grupos municipales y falta de seguridad jurídica a todos, también a los ciudadanos y vecinos de Marchena".

A la vista de lo anteriormente expuesto, los Grupos Municipales indicados, presentan la siguiente propuesta de acuerdo:


1._ INSTAR AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MARCHENA, QUE INCOE DE OFICIO EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO al funcionario e interventor DON ANTONIO OSUNA CARO por los daños y perjuicios causados por la falta de objetividad y legalidad en sus funciones, uso arbitrario de sus competencias y discrecionalidad en las resoluciones e informes emitidos