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Un total de 293.240,15 euros de todos los marcheneros y marcheneras, uno detrás de otro, se habrán de abonar a la constructora EPSA, a razón de un fallo judicial que le da la razón en un litigio a esta empresa frente a la extinguida Empresa Municipal de la Vivienda, a partir de un convenio de 4 de febrero de 2004 para la construcción de las 96 viviendas sociales de Marcelino Camacho, cuya liquidación, según resulta del acta de entrega de 19 de marzo de 2010, no fue efectuada por el ente municipal ni Ayuntamiento.

 


 

Todos los grupos políticos del Pleno votaron a favor del cumplimiento de la sentencia judicial y en que se pague lo antes posible para que no haya más intereses de demora. 

 

En cualquier caso, la alcaldesa destacó que se han evitado pagar intereses y costas desde 2010 hasta la fecha, por lo que la cantidad es más baja que la solicitada por la constructora, más de 348.000 euros.

 

Los 293.240,15 euros que todos los marcheneros y marcheneras pagarán a la empresa se desglosan en concepto de modificado del proyecto, 123.672,71 €, y devolución del importe de las retenciones efectuadas, en cuantía de 169.567,44 €, según la sentencia del TSJA que desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento a la sentencia en el mismo sentido del Contencioso Administrativo de Sevilla.

 

La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, culpó de la gestión al equipo de Gobierno PA-PP (2007-2011), mientras que la portavoz del Grupo Popular, Esther Álvarez, recordó que su grupo político no firmó que el Ayuntamiento extinguiera la Empresa Municipal de la Vivienda y que le advirtió al actual equipo de Gobierno de las consecuencias negativas que pudiera conllevar.