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Los representantes sindicales del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPM-E), Ramón López, y de UGT, Antonio Moreno Guisado, denuncian que llevan dos años sin que la alcaldesa se reúna con ellos en la Mesa sectorial de Negociación para asuntos laborales de la Policía Local y denuncian la imposición unilateral de los turnos por parte de la alcaldesa desde 2020, así como varios “incumplimientos” como los relativos a número mínimo de agentes por turno o a contratación de personal externo a la plantilla policial. “Tenemos constancia de que mientras sigamos nosotros, tanto Antonio como yo, de representantes sindicales, no se reúne con nosotros; cualquiera que tenga dos dedos de frente que diga si es una dictadura o una democracia”, manifiestan los representantes sindicales, que exponen que este conflicto que se extiende en el tiempo afecta a la seguridad ciudadana de la población.

 



Los representantes sindicales defienden que son delegados de personal elegidos tan democráticamente como la ha sido la alcaldesa para desempeñar sus funciones: “¿Qué es lo que tiene en contra nuestra personalmente?”, se preguntan.

 

Ramón López apunta que los sindicatos presentaron dos listas con compañeros para que fueran de mediadores en la negociación y “la alcaldesa no aceptó y volvió a decir, sistemáticamente, que mientras estuviéramos nosotros detrás, ella no se reunía con la Policía”.


La representación sindical aguarda la celebración del segundo juicio por la imposición del cuadrante por la alcaldesa en 2021 y en espera de la resolución del TSJA en relación a la denuncia interpuesta en 2020, ante en la que en primera instancia “el juez decidió que no entraba al fondo de la cuestión”.


Antonio Moreno Guisado, en representación de UGT, pone de relieve que el cuadrante lleva aparejado otros muchos aspectos laborales. En la misma línea se expresa Ramón López, que expone que "además del cuadrante, que es siempre de lo que la alcaldesa habla, en la Mesa de Negociación se debe negociar el calendario laboral, que incluye muchas cosas como la nocturnidad, trabajar los fines de semana, trabajar las festividades, cuando poder disfrutar de los asuntos propios o de las vacaciones, y viene recogido por ley en el Estatuto Básico del Empleado Público que todos estos asuntos hay que negociarlos, no ser decididos por parte de la alcaldesa, que elude esos asuntos de negociación", de manera que "hay muchos temas que negociar y no sólo el cuadrante que es a lo que ella se ciñe".


Además, Moreno Guisado indica que la alcaldesa “incumplió” varios puntos del acuerdo al que se llegó en 2017, principalmente respecto al mínimo de agentes en un turno o la contratación de personal externo.


El representante sindical expone que “se acordó un servicio mínimo de tres agentes, lo que viene incumpliendo sistemáticamente y no le importa dejar el servicio con dos agentes, poniendo la integridad física de los agentes y la seguridad ciudadana de la población en cuestión”.


Asimismo, Moreno Guuisado recalca, entre otras medidas “irracionales e ilógicas a todas luces”, la contratación de agentes de seguridad privada a los que atribuyó funciones, lo que pone en cuestión la protección de datos y el secreto de la información, según Moreno Guisado: “Podría enumerar muchas más cosas, es probable que la alcaldesa, con el tiempo, tenga su probable sanción, pero juega siempre con los tiempos legales, que se van a dos o tres años en el mejor de los casos”.


Moreno Guisado concluye que, en definitiva, con todo este conflicto “se está obviando lo principal, la seguridad ciudadana, no le quiere buscar un arreglo ni dar una solución, nosotros nos hemos ofrecido ya por activa y por pasiva para buscar soluciones, pero no se nos dan ni posibilidades de que argumentemos ni que podamos hablar; únicamente se nos impone y se nos dice lo que ella quiere, y punto, cuando, sin embargo, para otros puestos de trabajo tiene libre albedrío para hacer y deshacer, como está haciendo, con muchas de las plazas del capítulo 1, que desconocemos porque no existe Relación de Puestos de Trabajo”.


El representante de UGT, que reitera que “lo único que solicitamos es que se cumpla con la ley del Estatuto Básico del Empleo Público” y que el mecanismo para negociar es la reunión personal en Mesa de Negociación, solicitando su convocatoria urgente ya en varias ocasiones, la última el 13 de octubre del presente año y recordando que la única persona que tiene potestad para convocarla es la alcaldesa, a la que han instado en diversos escritos a mantener una actitud abierta y una negociación real que dé lugar a las partes a argumentar.


Sin embargo, expresa Moreno Guisado, que desde la pandemia del coronavirus, han sufrido “acoso laboral en muchos aspectos o manifestaciones en las que intentaba que dimitiéramos como representantes sindicales, pero nosotros seguimos es tendiendo la mano para buscar soluciones beneficiosas para el pueblo, que es en lo que hemos pensado los treinta años que llevamos trabajando”.


El representante de UGT critica que el equipo de Gobierno no sea consciente de que el pueblo de Marchena “se ha humanizado, es concienciado y solidario” y que, a su juicio, se ciña “únicamente al aspecto represivo, como con la compra de dos radares por la módica cantidad de 135.000 euros, que en un pueblo con una deuda viva de dos millones y medio de euros a fecha de 31 de diciembre de 2020, es significativo”, frente a lo que expone situaciones de ‘descuido’ en la uniformidad de los agentes o el hecho de que él mismo se tuviera que pagar el arma reglamentaria de su bolsillo.


“Con esto quiero decir que hace más el que quiere que el que puede, lo que queremos es buscar soluciones para la mejoría del pueblo, y siempre en defensa de nuestros derechos que tantos años nos ha costado consolidarlos”, concluyó el representante sindical.

DECLARACIONES EN VÍDEO EN EL CANAL DE YOU TUBE DE LA VOZ DE MARCHENA


Turnos


Los sindicatos reclaman la vuelta al turno 7/7 (7 días de trabajo y 7 de descanso), que en 2009 se firmó con el equipo de Gobierno de Rodríguez Aguilera: “Fue una negociación amplia en la que se adaptaron las horas extraordinarias a la legalidad, entraron complemento específico, que hasta entonces estaban muy por debajo del resto de funcionarios, y complemento de destino, y cuando llegaba una festividad se ampliaban los servicios y se realizaban servicios extraordinarios”. El reconocimiento de festivos, fines de semana y los trabajos de festividades fueron reconocidos en esa negociación, motivo por el que se implantó el 7/7.


Mientras tanto, en 2017 se firmó el primer acuerdo 7/7 entre representantes sindicales de la Policía Local y la alcaldesa actual, “pero teníamos que dar al año quince días más adicionales, así como dos días más que los teníamos que hacer en Feria, Semana Santa o Cabalgata” de Reyes Magos. En 2019 se ratificó el 7/7 por parte de la alcaldesa, pero al aprobarse las 35 horas semanales, ahora los agentes debían cumplir 7 días adicionales anuales, además de los dos de Feria, Semana Santa o Cabalgata.


Ya cuando en el transcurso de 2019 se produjeron las bajas de seis agentes, esas condiciones firmadas “no se pudieron cumplir”, declara Ramón López.


Actualmente “la alcaldesa pide que demos las mismas horas que cualquier trabajador, además de que tenemos que cubrir los servicios extraordinarios”, ante lo que Ramón López añade que “en Feria, Semana Santa y Cabalgata hacen falta más efectivos y quiere la alcaldesa que se cubran también esas horas con el cuadrante, no quiere pagar ni una hora extra”.


A partir de febrero de 2020, tras “incumplirse el cuadrante anterior desde diciembre de 2019, la alcaldesa comenzó a implantar unilateralmente el cuadrante de 6/4 (seis de trabajo y cuatro de descanso) el 1 de febrero de 2020, y “lo ha ratificado el 1 de febrero de 2021 imponiendo condiciones más duras y dándole más poder a la Jefatura”, manifiesta Ramón López.


Añade el representante sindical que la alcaldesa “ha quitado el complemento específico” y considera que “la alcaldesa no puede decir que en el específico va incluido ya las nocturnidades, festividades y fines de semana”, de manera que apunta que los agentes “seguiremos luchando por nuestros derechos”.

 

La alcaldesa de Marchena responde a los representantes sindicales que el cuadrante “no es perpetuo, es anual”


La última solicitud sindical para la convocatoria de la Mesa de Negociación, del 13 de octubre, ha tenido respuesta el pasado martes por parte de la alcaldesa, que incide en que cada año se ha de tener en cuenta la disminución o aumento de las plantillas, incorporaciones, jubilaciones o pases a segunda actividad, entre otros aspectos.
En escrito enviado a Ramón López, la alcaldesa manifiesta que el cuadrante de 2009 “no es vinculante” por sentencia judicial e insta a presentar propuestas para el cuadrante de 2022, a la vez que declara que “es el tercer año consecutivo” que no lo hacen, añadiendo que los actuales cuadrantes impuestos por decretos “pueden ser modificados siempre que la representación sindical presente propuestas que puedan ser consensuadas”.


Los sindicatos desconfían de la buena fe negocial de la alcaldesa, tanto por todo lo expuesto en la entrevista mantenida con este medio, como por el hecho de que les solicita que le eleven la propuesta de cuadrante previamente consensuada con la plantilla, para sobre él, poder debatir en una posterior mesa. Los representantes sindicales insisten en que la alcaldesa debe aceptar que la propuesta se lleve directamente a la Mesa de Negociación, para efectuarse una negociación “en igualdad de condiciones”.


La alcaldesa apunta en esa respuesta a la petición de Mesa de Negociación al representante sindical Ramón López, que el servicio de Policía es “el que mayor porcentaje de bajas médicas acumula en los últimos años” y que la baja médica de varios meses por la que pasó este representante sindical “no le ha impedido a usted haber aportado su ‘cuadrante anual idóneo’, por cuanto no ha parado de presentar recursos, escritos, demandas, etc, por lo que su dolencia, si bien le ha impedido trabajar como policía, no le ha impedido ejercer su labor como representante sindical de policía”.


Los sindicatos consideran el conjunto de la respuesta y en particular, las alusiones a las bajas médicas, “humillante” e insisten en que la alcaldesa debe volver a convocar una Mesa de Negociación “urgentemente, cuanto antes, al igual que convoca otras mesas a las que estamos asistiendo”.