Sociedad

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 28 años de cárcel para dos hombres, de nacionalidad rumana, acusados de asesinar al vigilante de una planta fotovoltaica en Marchena para robar cables de cobre, según informa la agencia EFE. Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2009 y el vigilante murió en enero de 2010 tras dos meses ingresados en la UVI.


El escrito de acusación dice que los acusados intentaron un primer robo a las 19.15 horas del día 24 de noviembre de 2009, pero la intervención del vigilante José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años, impidió la consumación del delito.

Unas horas después, hacia las 3 horas de la madrugada del 25 de noviembre, los acusados volvieron a entrar en la planta fotovoltaica y en esta ocasión sorprendieron al vigilante sentado en el interior de su vehículo.

El asesinato, según el fiscal, fue perpetrado por los rumanos Adi D., de 24 años, y Marius L.C., de 25 años, que permanecen encarcelados en España tras ser extraditados por Rumanía, y sus compatriotas Valentin H. y Viorel D., que están fugados de la justicia.

Afirma el fiscal que los acusados maniataron al vigilante usando sus propios grilletes y le propinaron una paliza con ánimo de acabar con su vida, además de clavarle un objeto punzante en el ojo para "aumentar de forma innecesaria e inhumana el dolor de José Antonio".

Luego se apoderaron de cobre valorado en 21.448 euros, de los dos móviles que portaba el vigilante, uno de su propiedad y otro de su empresa, y del coche propiedad de la víctima, que utilizaron para huir y luego quemaron en el paraje conocido como Finca los Arroboneros de Carmona (Sevilla).

El fiscal imputa a los acusados un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, por el que solicita 21 años y medio de cárcel a cada uno, otro de robo con violencia, por el que pide tres años y medio, y un último delito de daños mediante incendio, con una pena de tres años de cárcel.

En el juicio que celebrará la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla en los próximos meses, la Fiscalía reclamará además una indemnización de 96.101 euros de indemnización para los padres del fallecido, incrementado en un 10 por ciento al tratarse de un delito doloso, y otros 10.200 euros por la destrucción de su coche.