Cartas de lectores

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“Tomo la decisión de responder y apoyar a Eva, profesora del Instituto Isidro de Arcenegui, Marchena, guiada por un sentido del deber en varias direcciones”, afirma la profesora jerezana Manuela Ortegón, con 36 años de ejercicio en el desempeño de la docencia. (imagen de archivo).



En primer lugar, mi felicitación por su valentía. No es fácil asumir el riesgo de encontrarse en la más absoluta soledad y de ser tachada de incompetente en el ejercicio de sus funciones, todos sabemos lo que tales circunstancias implican. En segundo lugar, el deber de manifestar que nuestro Sistema Educativo no es válido para todo el conjunto de alumnos y alumnas que componen la población escolarizada en Educación Secundaria Obligatoria. En tercer lugar, el deber de difundir una crítica constructiva acerca de determinadas limitaciones y contradicciones en las que el profesorado ejerce sus funciones.

Tengo 59 años y 36 años de experiencia en la docencia, entre Primaria y Secundaria. Amo profundamente mi profesión y creo, al menos, poseer la autoridad moral suficiente para exponer con pleno convencimiento las líneas argumentales que puedan explicar algunos aspectos de la problemática que nos asiste. Hago constar al respecto que son producto de intensas reflexiones, de mucho debate interno en el seno de la comunidad educativa y de las aportaciones de muchos profesionales.

Vaya por delante mi pleno convencimiento del poder de la Educación como instrumento compensador de desigualdades, de la educación como un derecho que debe ser garantizado por las instituciones y como una necesidad para formar seres humanos que hagan posible un mundo mejor. Reconozco, como no puede ser de otra manera, los logros conseguidos.

Pero nuestro Sistema Educativo no está considerando la complejidad de la problemática en la que se desenvuelve la sociedad actual a la hora de establecer los contenidos que debe impartir el profesorado, la evaluación y los objetivos que supuestamente debe alcanzar nuestro alumnado.

A mi modo de ver, el hecho de mantener una escolarización obligatoria hasta los 18 años, digo bien hasta los 18 años, a un alumnado que ha perdido todo tipo de motivación y entusiasmo por lo que el centro educativo le ofrece, crea un problema de graves consecuencias. A diario se repite el mismo escenario: alumnado que asiste a clases obligado por las familias, que no muestra el más mínimo interés por la actividad escolar y que acaba en el mejor de los casos boicoteando el derecho de los demás a recibir su formación. El profesorado se enfrenta así al dilema del cumplimiento de su deber en un ambiente de enfrentamiento constante, con un alumnado que carece de límites. Y cuando desde el ámbito educativo se intenta ponerlos, el problema está servido. El profesorado se arriesga a ser considerado como sospechoso de no poseer los medios y recursos personales y profesionales para controlar y reducir los problemas de conducta al mismo tiempo que atender al alumnado que tiene interés en su formación. Ante una disyuntiva de tal calado, el profesorado asume y acepta ejercer su profesión en esas circunstancias, y el alumnado integra multitud de situaciones irrespetuosas, en el mejor de los casos, como normales.
Otro aspecto a analizar con sentido crítico, y con los instrumentos que el propio sistema pone a nuestra disposición, sería el de la EVALUACIÓN. ¿Qué y cómo estamos evaluando? Estamos sometidos a un sistema rígido y encorsetado y en el que datos, cifras y resultados deben ajustarse a los que interesan a la administración educativa que salgan a la luz. Si los resultados no coinciden, otro problema estará servido. Nos vemos abocados a elevar el número de aprobados aun cuando objetivamente los datos no coinciden con la realidad. Las consecuencias son lógicas, las exigencias al alumnado son cada vez menores, así como su sentido del esfuerzo y de la responsabilidad personal. No es de extrañar en el lugar que nos sitúa el informe Pisa.

Otro ámbito a considerar el es el de la formación del profesorado. Me pregunto por qué desde sus orígenes no se ha profundizado en estas cuestiones: ¿Dónde están los expertos que aporten luz y claves para otros enfoques en el análisis de la problemática? ¿No hubiera sido deseable plantear otras alternativas que dieran respuesta a un alumnado que rechaza sistemáticamente lo que el sistema le ofrece? ¿No genera mayor exclusión el hecho de asistir obligatoriamente a clase para no hacer absolutamente nada? ¿Qué estamos fomentando en esos contextos? Entiendo que se trata de una cuestión de imagen: aparentemente todo el alumnado entre los 12 y los 18 años recibe una educación encaminada a formar ciudadanos y ciudadanas competentes para desenvolverse en la sociedad actual. ¿Realmente es así?

Y ante tales circunstancias, la detección y análisis de la problemática, así como la búsqueda de otras alternativas, se realiza de una forma sesgada, sin tener en cuenta todas las variables que confluyen en la complejidad del hecho educativo hoy día. Todas las propuestas de mejora se les exigen al profesorado, como si fuéramos los únicos responsables, como si todo dependiera de nosotros. Al profesorado se le tiene asfixiado, con un nivel de exigencias desproporcionado para el escenario donde debe ejercer sus funciones y los recursos que posee a su alcance.

Al profesorado se le ha desautorizado, por lo que su labor resulta casi imposible sin poseer la autoridad en sus diversas facetas: autoridad ética y moral por la propia esencia de la profesión, autoridad para tomar decisiones, autoridad como persona para ser tratada con la dignidad que posee y los derechos que le asisten.

Al profesorado no se le respeta, no se le considera, no se le escucha y no se le tiene en cuenta. Es necesario que otras voces como la de Eva salgan a la luz pública.

 

Fdo:

Manuela Ortegón Gallego

Jerez de la Fra. Cádiz

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